Las nuevas perspectivas y desafíos de la planificación sucesoria y la partición hereditaria

Los problemas que se han de afrontar a la hora de afrontar una sucesión mortis causa no son nuevos. Son clásicas las delicadezas y dificultades que encierra la redacción de un testamento completo, o las trampas y problemas que presenta poder llevar a cabo una partición de una herencia, particularmente si tiene ésta cierta enjundia o si en su inventario aparecen bienes singulares (paquetes de control en sociedades de capital, importantes posiciones de pasivo en entidades bancarias, bienes de muy dificultoso avalúo, o que puedan ser jurídica o materialmente indivisibles, etc…).

Aun cuando estas materias cuentan con una menor pátina de actualidad y novedad, lo cierto y verdad es que, de manera recurrente, pueden observarse aún bienes de notoria importancia que virtualmente sólo cambian de manos con ocasión de una sucesión mortis causa, y problemas graves que se plantean con la delación de una herencia cuantiosa o de contenido peculiar.

La reforma que la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento civil llevó a cabo en el juicio de división de herencia, convirtiéndolo en cauce especial imperativo, ya introdujo unas nuevas líneas de tendencia que sólo la aplicación durante los años de vigencia han ido aclarando, poniendo de relieve también puntos de fuga y lagunas importantes y deficiencias de la legislación procesal.

La regulación, sumamente atormentada a nivel nacional, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha aportado una serie de forzaturas a la aplicación natural del Derecho de sucesiones tradicional, que, por la enorme carga fiscal que ha supuesto en numerosas partes del territorio nacional (no en otras, en disfunción clamorosa que singulariza negativamente el panorama en España), ha ido conduciendo a colocar en el primer puesto de las preocupaciones de los despachos de abogados y fiscalistas las tareas de planificar correctamente las operaciones sucesorias, con vistas a conseguir el mayor ahorro fiscal posible, dentro de las opciones que la normativa consiente, y siempre sin merma de conseguir una sucesión ordenada, y que cumpla con los deseos íntimos del futuro causante.

La reciente Ley 15/2015, de 2 de Julio, de Jurisdicción Voluntaria no sólo ha venido a introducir novedades fundamentales en esta materia (posible partición en expediente de jurisdicción voluntaria, llevado adelante por un Notario a petición de una simple mayoría de intereses de los sucesores; regulación más ágil del beneficio de inventario y del derecho de deliberar), sino que aprovechó para reformar numerosos extremos de la regulación sustantiva (reforma de la renuncia a una herencia, de la indignidad y desheredación como causas para excluir de una herencia, de los pagos en metálico de las legítimas de los descendientes, del requerimiento notarial para hacer la llamada interpellatio in iure, etc…).

A lo cual se añade la necesidad, por la presión social, a que se han visto abocadas distintas comunidades autónomas (entre ellas, la andaluza), de reformar la tributación del impuesto de sucesiones, para aumentar los tramos exentos en las adquisiciones mortis causa de los descendientes y mejorar el tratamiento de las distintas reducciones y bonificaciones aplicables a la base imponible en el impuesto (por vivienda familiar, por participaciones en sociedades de capital, por empresas del causante, por empresa agrícola prioritaria, etc…).

Se hace, por ello, a poco que haya un patrimonio de cierta importancia, o de composición delicada, imprescindible contar con un asesoramiento riguroso, que sepa aunar el conocimiento completo de todas las posibilidades que ofrece la normativa sustantiva aplicable y la destreza en la aplicación de la normativa sobre el Impuesto de Sucesiones y, por último, los recovecos, trampas y salidas de la regulación notarial y procesal de la materia.

Lo cual puede permitir estudiar y diseñar estrategias de planificación de la sucesión, que pueda partir de operaciones jurídicas a acometer antes de que se pueda producir la apertura de la sucesión (aportaciones a sociedades, movimientos para optimizar la situación contable de cada sociedad, cumplimiento de los requisitos fiscales para optar a la reducción por sucesión en empresas individuales), y que sea rematado por un testamento claro, completo y riguroso, que pueda impedir o minimizar problemas entre los sucesores con ocasión de la partición, y siempre con el respeto a los deseos y voluntad del titular del patrimonio en orden a dicha sucesión.

Al igual que, si los problemas, no obstante, se han planteado ante una sucesión ya abierta, se hace esencial conocer todas las soluciones que pudieran alcanzarse (particiones consensuales o transaccionales, operaciones para minorar la tributación, problemas de colación de donaciones y de adición de bienes, expedientes notariales de partición por contador-partidor dativo, impugnaciones de partición por causas de nulidad, lesión económica o daño a las legítimas).

En una materia tan técnica y dificultosa, y que plantea tantas pulsiones emocionales y familiares, se hace más necesario que nunca un conocimiento profundo de los problemas reales que presenta (civiles, fiscales, procesales, registrales), captados por el estudio de toda la jurisprudencia recaída en la materia, y que pueda contar con el apoyo, a menudo imprescindible, de notarios conocidos del abogado, y de gestores fiscalistas de reputada eficacia.

                                                                                               Tomas Rubio Garrido

                                                                                       Catedrático de Derecho Civil US